Tribunal de la CDMX lleva su sistema de juicios en línea a Oaxaca
El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) compartirá con el tribunal de Oaxaca el Sistema Digital de Juicios, SIDIJ v2, una plataforma desarrollada por la propia institución capitalina para tramitar procedimientos administrativos en línea.
La transferencia tecnológica forma parte de un Convenio General de Colaboración firmado por Andrés Ángel Aguilera Martínez, presidente del TJACDMX, y Cruz Itzel Espinosa Rojas, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (TJACCO).
Mediante una licencia de uso, el tribunal oaxaqueño podrá operar y adaptar el SIDIJ v2 a sus necesidades institucionales para agilizar la tramitación de causas y facilitar el acceso digital a la información jurisdiccional.
Con este acuerdo, el TJACDMX busca consolidarse como referente nacional en digitalización, al compartir una plataforma tecnológica desarrollada con capacidades propias.
Cruz Itzel Espinosa Rojas señaló que la alianza permitirá avanzar hacia una justicia digital más eficiente, accesible y abierta, además de fortalecer la atención que se brinda a la ciudadanía.
La colaboración entre ambos tribunales no se limitará al uso del sistema. También contempla reuniones de trabajo, asesoría técnica e informática y actividades conjuntas de investigación, capacitación y actualización.
El convenio incluye además mecanismos para agilizar la presentación de trámites y dar seguimiento a las herramientas tecnológicas utilizadas por ambas instituciones.
Andrés Ángel Aguilera Martínez afirmó que la cooperación debe traducirse en procedimientos más rápidos, servidores públicos mejor preparados y beneficios concretos para la ciudadanía.
El magistrado sostuvo que la sociedad demanda instituciones más modernas, abiertas y transparentes, por lo que la colaboración tecnológica debe generar resultados medibles y fortalecer la confianza ciudadana.
Con la implementación del SIDIJ v2 en Oaxaca, ambos tribunales buscan ampliar el acceso a la justicia, optimizar recursos públicos y fortalecer la cooperación interinstitucional.
