Por Víctor Reyes
Recientemente se oficializó el aumento a la tarifa del transporte público concesionado en el Edomex, elevando el pasaje mínimo de 12 a 14 pesos para los primeros cinco kilómetros de recorrido.
Este ajuste, que representa un incremento del 17%, ha entrado en vigor de inmediato en diversas modalidades, incluyendo microbuses, autobuses y colectivos.
Y se extiende también a sistemas masivos como el Mexibús y el Mexicable, cuyas tarifas subieron un peso en promedio.
En el caso de los municipios del sur de la entidad mexiquense, en el tipo de servicio mixto la tarifa máxima será de 11 pesos por los primeros 10 kilómetros y veinticinco centavos por cada kilómetro adicional.
El Servicio Mixto del sur del Edomex es una modalidad de transporte público esencialmente diseñada para zonas rurales y de difícil acceso en el sur de la entidad.
Los estados del sur incluyen:
Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomas, Valle de Bravo, Villa de Allende, Zacazonapan, Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Joquicingo, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan, Zumpahuacán, Amatepec, Luvianos, Tlatlaya, San Simón de Guerrero, Tejupilco, Temascaltepec.
El principal argumento de los usuarios del transporte en el Edomex es que el aumento tarifario no se justifica con la calidad actual del servicio, el cual es frecuentemente calificado como desordenado, inseguro e ineficiente.
Las quejas recurrentes apuntan a unidades en mal estado, operadores que no respetan las rutas y, sobre todo, la alta incidencia de asaltos y delitos que se cometen a bordo de las unidades.
La justificación detrás de esta medida, publicada en la Gaceta de Gobierno, recae en la necesidad de equilibrar la viabilidad económica del servicio.
Los concesionarios argumentan que los costos operativos se han disparado debido a la persistente inflación, particularmente en el precio de los combustibles, las refacciones y el mantenimiento de las unidades.
Las autoridades de movilidad han respaldado el aumento al señalar que es un paso necesario para impulsar la modernización de la flota, asegurar la continuidad del servicio y garantizar condiciones mínimas de seguridad y eficiencia.
Sin embargo, la noticia ha generado una oleada de protestas y críticas entre la ciudadanía.
El impacto del alza es notablemente severo para la economía familiar, especialmente para la población de menores ingresos, que destina una porción significativa de su salario al transporte. Para un trabajador que realiza dos viajes diarios en rutas largas, el gasto mensual se incrementa considerablemente.
A pesar de la polémica, el nuevo esquema tarifario contempla ciertas tarifas preferenciales para mitigar el golpe a los sectores más vulnerables.
Se mantiene un costo reducido para menores de cinco años y se ha dispuesto una tarifa especial de 12 pesos para personas adultas mayores con credencial INAPAM vigente.
Además, las beneficiarias de programas sociales específicos como el de «Mujeres con Bienestar» pueden acceder a un precio diferenciado en el Mexicable, buscando aliviar, aunque sea de forma parcial, la carga económica sobre estos grupos.
En este contexto de tensión, la Secretaría de Movilidad ha insistido en que el aumento de tarifa viene acompañado del compromiso de los transportistas para mejorar la calidad y transparentar el cobro, obligándolos a exhibir la «pirámide tarifaria» con códigos QR y hologramas.
No obstante, el desafío inmediato de las autoridades es doble: asegurar que los concesionarios cumplan con las promesas de mejor servicio y, al mismo tiempo, gestionar el malestar social generado por un ajuste de precios que, para muchos, representa un retroceso en el poder adquisitivo.
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