Tras el feminicidio de Ingrid Escamilla, en Ciudad de México en 2020, y la difusión de las imágenes de su cadáver en medios y redes sociales, la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Ingrid para sancionar a funcionarios que filtren contenido de este tipo.
Esta ley está orientada a sancionar a los servidores públicos que difundan imágenes, audios, videos, documentos, información sobre la investigación penal o condiciones personales relacionadas con víctimas de un hecho de violencia.
La modificación al artículo 225 del Código Penal, establece penas de cuatro a 10 años de prisión y multas de 100 a 150 días correspondientes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a los servidores públicos que difundan imágenes o audios relacionadas con víctimas de un hecho de violencia.
El valor en pesos actualmente va de 9,622 a 14,433 pesos. La sanción aumentará en un 33% cuando las víctimas sean mujeres, adolescentes, niñas, niños o personas con discapacidad.
Esta protección se enfoca en proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares, combatir la violencia mediática de género y su normalización.
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