Caso Diego “N”: Deepfakes y violencia digital, un reto para la justicia en la CDMX

Por Yanna Galindo

El caso de Diego “N”, exestudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ha generado un intenso debate sobre la violencia digital y el uso de inteligencia artificial para cometer delitos contra la intimidad sexual.

En octubre de 2023, alumnas de la Unidad Santo Tomás del IPN en la CDMX encontraron en su iPad más de 166,000 fotos y 2,000 videos deepfake con sus rostros manipulados para simular contenido sexual.

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Este material, según las denuncias, era presuntamente vendido sin el consentimiento de las alumnas.

Ocho víctimas interpusieron una denuncia formal ante la Fiscalía de la CDMX, amparadas en la Ley Olimpia, que protege a las personas contra la difusión de contenido íntimo sin autorización, ya sea real o manipulado.

Absolución de Diego “N” y la lucha por justicia

El 4 de diciembre de 2024, el juez Francisco Salazar Silva dictaminó la absolución de Diego “N”, argumentando que no había pruebas suficientes para vincularlo directamente al delito, aunque reconoció que este había ocurrido.

Esta decisión provocó indignación entre las víctimas, quienes señalaron deficiencias en el sistema judicial y la falta de preparación para abordar delitos cibernéticos, especialmente aquellos que involucran tecnologías como la inteligencia artificial.

A pesar de este fallo, Diego “N” permanecerá en prisión debido a otras investigaciones abiertas, incluyendo un caso de pornografía infantil y seis carpetas adicionales por delitos contra la intimidad sexual.

Cómo se castigan estos delitos en la CDMX

En México los delitos de violencia digital están tipificados en la mayoría de los estados, incluida la CDMX, gracias a la Ley Olimpia, aprobada a nivel nacional en 2021.

Esta legislación protege a las personas de actos como la difusión de fotos, videos o audios íntimos sin consentimiento, así como la manipulación de contenido con fines de explotación, extorsión o violencia.

Penas previstas por la Ley Olimpia

• Delito contra la intimidad sexual: De 4 a 6 años de prisión y multas económicas.
• Uso de tecnologías para cometer delitos: Puede aumentar la pena dependiendo de las circunstancias.
• Relación de confianza o cercanía con la víctima: Este agravante puede duplicar las sanciones.

En el caso de Diego “N”, las víctimas solicitaron una pena de 12 años de prisión, argumentando que existía una relación de confianza entre él y algunas de las afectadas.

Sin embargo, el juez dictó su absolución, dejando el caso sin un precedente legal que sancione específicamente el uso de inteligencia artificial para generar contenido sexual no consentido.

Un precedente histórico para América Latina

A pesar del fallo, activistas y expertas consideran que este caso marca un hito en la lucha contra la violencia digital en México y América Latina.

La abogada Valeria Martínez, representante de las víctimas, señaló que este es solo el inicio de un debate más amplio sobre cómo deben investigarse y sancionarse los delitos cibernéticos.

Colectivos feministas han subrayado que “lo virtual es real” y que el uso de tecnologías avanzadas para manipular imágenes y videos constituye una grave violación a los derechos de las mujeres.

La lucha continúa

Las víctimas ya han anunciado que apelarán la decisión del juez, buscando que el sistema judicial reconozca el daño causado y siente las bases para proteger a futuras generaciones.

Por ahora, el caso de Diego “N” representa una llamada de atención urgente para actualizar las leyes y procesos judiciales en la era de la inteligencia artificial.

Este caso expone la brecha entre la rápida evolución de la tecnología y la capacidad de los sistemas de justicia para enfrentar delitos que utilizan herramientas como los deepfakes.

La lucha no solo es por justicia para las víctimas actuales, sino por garantizar que nadie más tenga que enfrentar este tipo de violencia sin una respuesta adecuada por parte del sistema legal.

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